¿Qué puede ocurrir para que una hermandad que aparentaba tranquilidad y una vida activa quede paralizada y gestionada por una persona ajena a la misma? ¿Cómo es posible que un hermano mayor que ha destacado por su gestión y que optaba a la reelección quede destituido y sin posibilidades de regresar al cargo? Estas son algunas de las preguntas más repetidas entre los cofrades, que no aciertan a comprender el capítulo de hechos vividos en Borriquita y que derivaron, en su penúltimo episodio, en un decreto de la autoridad eclesiástica que dejaba a la hermandad sin junta y con un comisario.

¿Por qué ha ocurrido esto en Borriquita? Muchas serán las lecturas y análisis que se puedan trasladar, pero parece que el problema de base (más allá de esas diferencias en relación al censo de hermanos) estriba en la poca o nula capacidad democrática que existe en el seno de muchas hermandades, donde no se concibe que haya otro grupo de hermanos que tengan una visión y unos proyectos distintos que quieran poner en marcha. Aquel que se presenta quiere hacerlo en solitario y utiliza las artimañas que sean posibles para anular cualquier candidato alternativo.

¿Dónde están los valores del cofrade? Es llamativo conocer los nombres de aquellos que forman las dos listas presentadas en Borriquita, conocidos en su mayoría por llevar años trabajando en esta cofradía e, incluso, por haber sido hermano mayor u ocupar un cargo de relevancia en los últimos tiempos. Es más, los hay miembros del Consejo de Hermandades o del Secretariado Diocesano, que se supone que son los organismos que velan por que no ocurran estos incidentes. Y si esas personas están implicadas en los hechos de Borriquita, ¿en qué lugar quedan las instituciones de las que forman parte?

¿Qué ha fallado en el proceso? Evidentemente, las normas diocesanas tienen llamativos errores o lagunas en relación a los cabildos de elecciones. Lo vienen destacando aquellas cofradías que lo han celebrado últimamente y se pone de manifiesto cada vez que se convoca a las urnas a los hermanos de una corporación. No existe una normativa concreta, no existe control alguno sobre la utilización indebida del censo de hermanos o sobre la normalidad de los distintos trámites. E incluso existen puntos en los que el Consejo sigue caminos diferentes a los del Secretariado (como el de la confección de las papeletas o el voto por correo). Y, lógicamente, si desde las instituciones superiores nacen dudas y diferencias, en las hermandades los problemas pueden ser notablemente más grave, como se ha demostrado.

¿Cómo se explican algunos de los hechos acaecidos, que poco ayudan a solucionar el problema? ¿Es normal que el presidente del Consejo pida en la reunión previa a la emisión del decreto -según refleja el documento- la destitución del hermano mayor y su junta y el nombramiento de un comisario, cuando no ha mantenido reunión alguna con los cesados? Y menos lógico parece aún que después de emitir el decreto, éste sea entregado sin previo aviso ni llamada alguna a los afectados en el buzón de la hermandad, como según Ignacio Ortiz ocurrió el miércoles. Son despropósitos que empañan aún más una gestión de las autoridades que, cuando menos, crea serias dudas.

La situación general merece una reflexión serena y una mesa de trabajo en la que se aborden los principales problemas de los procesos electorales y se busquen soluciones y fórmulas nuevas que devuelvan a las hermandades la buena imagen que siempre debe imperar.

A nivel interno, el decreto parece haber dejado una hermandad rota en dos, que vivirá su trago más amargo en los cultos a la Virgen del próximo mes de octubre.

Pero al margen de cómo afectará el decreto de Borriquita a la vida interna de la hermandad, que ya de por sí es preocupante, lo más llamativo de esta situación es el desánimo general de los cofrades ante situaciones de este tipo, en las que se permite que un conflicto vaya creciendo durante meses para en el último instante cortarlo de la peor forma posible: con la destitución masiva y el nombramiento de un comisario -figura ya habitual en Cádiz aunque en las normas diocesanas de Hermandades parece que se reserva a situaciones especialmente delicadas o graves-.

A ello se une la certeza de que este no va a ser el último caso de intervención ajena en el gobierno de una hermandad, con la siempre figura protagonista de un delegado episcopal, Sebastián Llanes, que aparece por Cádiz a golpe de decretazos que siempre van en contra de las cofradías.

Y al final, como era de esperar, una de las dos candidaturas será la que coja el timón -seguramente la de Antonio Barrueco, en el caso de Borriquita- seis meses después y con un deterioro importante en la hermandad.

Diario de Cádiz